Una serie de atentados
Colombia, abril de 2026. Una ola de atentados sacude el suroeste del país, que se encuentra en la recta final hacia las elecciones que designarán al nuevo presidente para el período 2026-2030 (las elecciones comenzaron el 8 de marzo con las legislativas y concluirán el 31 de mayo con las presidenciales, nota del editor). En menos de una semana, más de veinte ataques con artefactos explosivos han causado catorce muertos y más de cuarenta heridos. El ataque más grave a lo largo de la Panamericana —arteria vital para las conexiones internas— ha paralizado el corredor logístico con un trágico saldo de víctimas humanas.
En este contexto, hemos hablado con Lucas Andrés Restrepo, abogado vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mildred Ramírez, periodista de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, y Claudia Mejía Duque, abogada y defensora de los derechos humanos. Sus voces nos cuentan cómo se prepara la sociedad civil para las elecciones, las esperanzas, las expectativas y los caminos a seguir. Por la paz.
El riesgo para la continuidad de la JEP
Lucas Andrés Restrepo, abogado vinculado a la JEP —el organismo encargado de investigar y sancionar los crímenes del conflicto en Colombia— y profesor en el Cauca, quedó recientemente atrapado en el túnel situado en la carretera Popayán-Cali (Panamericana), a pocos metros del lugar del atentado. Para él, esta es una prueba más, real y tangible, de los tantos obstáculos que enfrentan las instituciones en su intento por aplicar los acuerdos de paz (firmados en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-EP, nota del editor) en medio de un enfrentamiento armado persistente y territorializado. Para Restrepo, la JEP corre un gran riesgo con el ascenso de figuras de la derecha como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, sobre todo porque con sus investigaciones pone a los altos mandos del ejército y del Estado ante la ley. Al no contar con la mayoría en el Congreso para eliminar la Jurisdicción, el peligro real es el de un sabotaje administrativo destinado a subfinanciarla, bloquear el acceso a los archivos reservados y degradar las condiciones de reintegración de los firmantes (exguerrilleros). Y si la reintegración fracasa, dice, el proceso se desvirtúa y la JEP terminaría dedicándose exclusivamente a defenderse en el plano institucional, en lugar de impartir justicia reparativa. Por el contrario, dice, ante un posible gobierno de Iván Cepeda (senador del Pacto Histórico, la coalición de gobierno liderada por el actual presidente Gustavo Petro y candidato a la presidencia, nota del editor), el reto de la JEP consistiría en rediseñar la «Paz Total» en el marco de una política de seguridad «humana» que recupere el control estatal en territorios donde el Estado dejó un vacío tras la salida de las FARC, permitiendo que la justicia opere en zonas hoy controladas por grupos disidentes y paramilitares. Además, Restrepo subraya la necesidad de que la Corte Constitucional limite la «creatividad jurisprudencial» de la JEP, evitando que las sentencias interpretativas modifiquen el espíritu original del Acuerdo. Por último, el abogado de la JEP destaca que este eventual gobierno debería fortalecer las alianzas internacionales bilaterales,
especialmente con la Unión Europea, España e Italia, para garantizar la financiación de las medidas reparadoras y acelerar la implementación de la reforma agraria integral.
El periodismo en el Putumayo
En el sur del país, en el departamento de Putumayo, la gestión de la información constituye un factor de riesgo operativo que condiciona el ejercicio periodístico. Mildred Ramírez, comunicadora de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, organización aliada de COSPE, advierte que la «infodemia» centralista reduce la complejidad del territorio a métricas de cultivos ilícitos, invisibilizando las dinámicas del conflicto y el abandono estatal que persisten en la zona. Ante este vacío informativo, Ramírez promueve un periodismo situado que prioriza la autoprotección de las fuentes y visibiliza los procesos de resistencia y construcción de paz liderados por organizaciones de mujeres. En esta zona del país, la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida cuestiona el relato oficial. Mildred cuenta cómo las mujeres resisten en medio de economías ilegales y de un abandono estatal que parece fruto de un diseño y no de un accidente. Aquí la responsabilidad es tan alta que mencionar que una víctima era hermana de una líder puede condenar a muerte a toda una familia. De la ética surge un periodismo de autoprotección colectiva que busca reconfigurar la mirada y mostrar que existen propuestas económicas legales y una construcción de la paz liderada por mujeres, que el centro del país se niega a ver. Esta fragmentación pone de manifiesto que, mientras los centros de poder difunden información orientada a unas pocas regiones, las realidades del resto del país quedan marginadas en el discurso nacional. Ante este vacío y los fracasos históricos de los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, las mujeres han optado por la autonomía, eligiéndose a sí mismas y su trabajo territorial como única respuesta sólida frente a un sistema político que, independientemente de la ideología, las ha decepcionado.
La agenda feminista en Colombia
Esta contienda electoral ha puesto de manifiesto una profunda fractura en la concepción de la mujer dentro del proyecto nacional. Claudia Mejía Duque, abogada y defensora de los derechos humanos, advierte que Colombia se enfrenta al riesgo de un retroceso histórico alimentado por la «doctrina Trump». Este resurgimiento global de la extrema derecha no solo amenaza la autonomía reproductiva, sino que también legitima una lógica patriarcal de violencia para «aplastar» al adversario.
El movimiento feminista ha presentado la Agenda 2026-2030: Horizonte de la Igualdad. La propuesta es radical y aboga por pasar de un Estado que ve a las mujeres como «beneficiarias» de subsidios domésticos a un Estado en el que sean sujetos políticos de pleno derecho. Esto implica un nuevo paradigma de seguridad feminista. Según Claudia, se trata de entender que no habrá seguridad pública mientras la violencia de género siga siendo la norma en la esfera privada. La seguridad feminista antepone la sostenibilidad de la vida y el cuidado del medio ambiente a la soberanía militarista tradicional.
Los territorios en peligro
Colombia se encamina hacia las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026 en un contexto de seguridad crítico. Según el observatorio de Indepaz, en el primer trimestre del año el país registró 35 masacres y 94 víctimas mortales, lo que representa un aumento del 32 % en la violencia letal con respecto al período anterior. Estos datos coinciden con las alertas de la Defensoría del Pueblo, que identifica una concentración de la violencia en 34 municipios del suroeste, donde se ha reportado una ofensiva sostenida contra las fuerzas de seguridad.
Solo en la última semana, entre el 20 y el 27 de abril, la escalada terrorista consolida un panorama de riesgo extremo para el ejercicio de la democracia.
Para superar esta crisis se requiere un cambio de paradigma que aborde los retos urgentes del territorio: pasar de un sesgo informativo centralista a un periodismo situado que proteja la verdad local, y de una seguridad militarista a una seguridad feminista que garantice la vida en el ámbito privado. El reto de 2026 es reconocer que no habrá estabilidad democrática mientras la información sea un factor de riesgo y la protección de las mujeres siga siendo una cuestión marginal en la agenda nacional.